Alcorcón suprime su teléfono de atención ciudadana y echa a ocho discapacitados
Los afectados llevaban 11 años trabajando.
· El Ayuntamiento debe a la empresa 200.000 euros.
"Ayuntamiento de Alcorcón. Buenos días. Le atiende Ramón...", es la presentación que recibirá si hasta el próximo 30 de abril marca alguno de los números de atención ciudadana del Consistorio alcorconero (91 664 81 00/01/02/03). Pero, a partir de esa fecha, ni Ramón ni Lola ni Cristina (así hasta un total de ocho personas con discapacidad) estarán al otro lado del teléfono.
Si ya es difícil hoy encontrar trabajo, más todavía si tienes alguna discapacidad
El próximo 1 de mayo finaliza el servicio de atención telefónica que el Ayuntamiento (PSOE) presta a sus 168.000 vecinos desde hace once años y que responde a consultas sobre impuestos, campañas ciudadanas, información municipal o callejero.
Al otro lado del hilo telefónico hay seis mujeres y dos hombres con diferentes grados de discapacidad física y edades comprendidas entre los 29 y los 54 años que ven con preocupación su futuro laboral.
"Todos tenemos cargas familiares y pagamos nuestro alquiler o tenemos una hipoteca", explica Ramón, uno de los trabajadores, que escribió una carta a 20 minutos.
"Nos es difícil encontrar trabajo"
Su compañera Lola, coordinadora del servicio, que se presta desde las dependencias de la Policía Municipal, comparte su opinión: "Si ya es difícil hoy encontrar trabajo, más todavía si tienes alguna discapacidad", asevera.
Los ocho trabajadores dependen de una empresa subcontratada por el Ayuntamiento, Censenal, y a la que éste responsabiliza de la decisión de no continuar: "Los que rescinden el contrato son ellos, no nosotros", se defiende el Ayuntamiento.
Una deuda de 200.000 euros
Pero el gerente de Censenal, Enrique Peñalva, aclara sus razones para renunciar al contrato: "Nos deben casi 200.000 euros". La deuda municipal asciende a 763,3 euros por habitantes.
Lo que preocupa a los trabajadores es que el Ayuntamiento no está preparando el pliego de condiciones para adjudicar el servicio a otra empresa, lo que salvaría sus empleos (que serían subrogados) y garantizaría la continuidad de un servicio que, si se suprime, dejará sin interlocutor a los 168.000 habitantes de la ciudad.
El Consistorio asegura que se reunirá el próximo lunes con la empresa para "buscar una solución".
